Asociación de veciños e veciñas O Lodeiro: Nova do Sur.es. Entrevista a Rafael Valverde, maxistrado do Tribunal Supremo

17 de junio de 2009

Rafael Fernández Valverde: «Que haya terceros de buena fe no puede incidir en una sentencia de demolición»

Sobre nuestros pisos pesa una orden de derribo

Los ocho edificios afectados por una sentencia, dictada por el TSXG en 10/2003 y ratificada en 05/2008 por el TS, no son chalets de lujo situados a la orilla del mar sino que son bloques de viviendas situados entre dos calles de Viveiro (Lugo), rodeados de otros edificios construidos en la misma época y en un lugar donde se puede construir, porque es legal hacerlo. Aunque, claro está y según lo dicta la Justicia, no en las codiciones en las que el Ayuntamiento de Viveiro concedió la licencia y la promotora Mareber S.L. realizó la construcción. La mala suerte quiso para nosotros que un vecino propietario de un chalet, al cual los edificios en cuestión le quitaron toda la panorámica que tenía sobre la preciosa Ría de Viveiro, interpusiera un recurso contra la concesión de las licencias…y que ganara. La sentencia condena al los demandados, Ayuntamiento y Constructora (que en su día hicieron caso omiso de los requerimientos del demandante), al derribo de los edificios: les faltó cumplir con un requisito contemplado por las Normas Subsidiarias de Viveiro consistente en efectuar un Estudio de Detalle para zonas como esa parcela, denominadas de transición. Un mero acto administrativo…según dicen. Y ahí entramos, como grandes perdedores, los propietarios de las 118 viviendas: somos los terceros perjudicados que, sin ser arte ni parte de ese procedimiento judicial, nos enteramos por los medios de comunicación hace ya más de 5 años, de que nuestras viviendas deben ser derribadas. En este tiempo hemos asistido atónitos a diversos cruces de palabras entre los implicados: anterior gobierno municipal del PP y gobierno actual del PSOE; demandante versus constructor; sesiones “informativo-tranquilizantes por parte del alcalde actual para los afectados y cierta carta informativa del anterior dirigida a nosotros, ¿queriendo lavar la cara?; y, como no advertencias de querellas criminales por difamación en unos casos y por prevaricación en otros. En nuestra defensa, por si alguien piensa que ¡algo haríamos mal!, tenemos que dejar claro que cuando compramos lo hicimos ante Notario, cumpliendo con todos los requisitos legales, inscribimos después nuestras propiedades en el Registro y, la mayoría, además, formalizamos una hipoteca con una entidad bancaria. Y todo ello sin que en ningún momento nadie nos informara de la existencia de una demanda. Parece que a ninguna de las partes implicadas, (demandante y demandados), les interesara que nos enteráramos. Por supuesto, de haberse sabido, ¿quién iba a comprar los pisos?. Unos pisos entre los que, por cierto, algunos son de Protección Oficial, algunos están habitados desde hace 10 años y que la mayoría son, en definitiva, los hogares de muchas familias que hemos trabajado y ahorrado, comprado e hipotecado, pensando que hacíamos las inversiones de nuestras vidas. La reciente petición de ejecución de la sentencia por parte del demandante, (de la que de nuevo nos enteramos a través de la prensa el día 3 de Enero) nos ha sobrecogido. Ahora mismo los propietarios, que ya somos damnificados, vivimos con intranquilidad, a la espera de que se produzca alguna notificación respecto a los dos recursos que presentaron los demandados: un Recurso de Suplica ante el TSXG y un Recurso de Amparo ante el TC. Mientras tanto los daños han empezado hace tiempo: la incertidumbre y la intranquilidad que sentimos pasan factura revelando daños morales y emocionales y, cómo no, económicos para aquellos que precisan un aval, o vender su piso porque se han trasladado por motivos de trabajo, o por cualquier otro motivo, que los hay. Nuestras propiedades ahora mismo no valen nada. Por otra parte, y poniéndonos en al peor de los casos, si dicha sentencia llegara a ejecutarse suponemos que los afectados nos veríamos obligados a pedir las correspondientes indemnizaciones a los demandados. Y entonces surgen importantes interrogantes: ¿Podrá el Ayuntamiento de Viveiro afrontar semejante situación sin ir a la quiebra?; ¿Por qué tienen que ser los contribuyentes los que al final carguen con las consecuencias de semejante desaguisado?; ¿Por qué no se concibe un sistema para que la concesión de licencias no desemboque en tantas ocasiones en situaciones tan graves en las que, por añadidura, los perjudicados son inocentes?. En fin, casos como este o parecidos los hay a cientos por toda Galicia y por toda España. Es lamentable. Y la solución justa, para nosotros los afectados, no creemos que pase por ser echarnos de nuestros hogares.

Asociación de veciños e veciñas O Lodeiro

17 de junio de 2009

Nova do Sur.es. Entrevista a Rafael Valverde, maxistrado do Tribunal Supremo

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