Comienza la cuenta atrás.

Nuestros políticos prometieron recibirnos y apoyarnos.
Lo hemos oído, Sr. Feijóo y lo hemos visto plasmado en fotos, firmando su solidaridad con los vecinos de Lodeiro y Río dos Foles de Viveiro.

Ahora les toca actuar: los políticos tienen el deber de representar y proteger a los ciudadanos y sus intereses legítimos, sobre todo si están en juego el bienestar general de la comunidad y los derechos fundamentales de ciudadanos inocentes.
Y tienen mucho trabajo señores, ustedes, los que han ganado en estas elecciones autonómicas, y los que no han ganado pero que también nos representan.

Ustedes, a quienes les debemos la situación en la que nos encontramos porque, paradógicamente, son nuestras administraciones (los Concellos, las Consellerías, la Xunta), las que están permitiendo que se repitan situaciones como esta, en las que los perjudicados por sentencias de derribo somos ciudadanos inocentes cuando los condenados por los tribunales son las propias administraciones.
Lo están permitiendo porque la normativa urbanística de los municipios no está al día; porque no se exige la comunicación de las posibles demandas sobre la concesión de licencias; porque los que conceden estas licencias y actúan con prepotencia ante los requerimientos y las demandas interpuestas en numerosas ocasiones no tienen responsabilidad legal; porque en lugar de intentar solucionar los problemas se han dedicado a pasarse la pelota de unos a otros y a acusarse los unos a los otros en cuestiones urbanísticas, eso si, consiguiendo que se acumulen otros posibles candidatos a ser víctimas de sentencias de derribo, ya sea por licencias concedidas por silencio administrativo, o por incumplir cualquier otro de los requisitos administrativos.

Basta ya. Pónganse a trabajar que, si quieren, tienen mucho por hacer para impedir injusticias como la que nos está tocando vivir a los vecinos de Lodeiro y Río dos Foles, y busquen soluciones que amparen a aquellos que han visto vulnerados sus derechos constitucionales al ser castigados por el mal hacer de las administraciones.